Las ocho obras implicadas en el caso coimas del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) son financiadas con donaciones extranjeras y créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), según el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes). En suma, el costo total de los proyectos sobrepasa los 317 millones de bolivianos.
A inicios de mayo, Claudia Cortez, entonces conocida como la “negociadora”, reveló que desde 2020 recaudó alrededor de 19 millones de bolivianos en coimas para el -ahora- exministro de Medio Ambiente Juan Santos Cruz. Este dinero era solicitado por Cruz a distintas empresas que se adjudicaban obras del MMAyA.
En su declaración ante el Ministerio Público afirmó que las coimas corrieron en las siguientes obras: alcantarillado en Viacha, construcción del sistema y tratamiento de agua potable en Sacaba, alcantarillado de Chinchaya, alcantarillado en Desaguadero, planta de tratamiento de agua en Pampahasi, sistema sanitario y planta de tratamiento de Laja y mejoramiento del sistema de alcantarillado de Achacachi.
Página Siete buscó estos proyectos en el Sicoes y encontró ocho coincidencias, aunque no exactas, con los proyectos denunciados por Cortez. La revisión del portal estatal se hizo entre el 22 y 25 de mayo de 2023.
Primera coima: alcantarillado financiado por España
Según las declaraciones de Cortez, la primera obra que el MMAyA adjudicó -y por la que se hizo un cobro- fue la construcción de alcantarillado en el Distrito 6 de Viacha, en el departamento de La Paz. Dijo que por la obra de 78 millones de bolivianos se cobró una comisión del 3%, en dos pagos.
En el Sicoes existen dos contratos referidos al alcantarillado en Viacha, uno para el Distrito 6 y otro para el 7. El monto de 78 millones de bolivianos que menciona Cortez no coincide con la obra para el Distrito 6, como mencionó, pero sí lo hace con la adjudicada para el Distrito 7.
Este contrato denominado “Construcción de la red de alcantarillado sanitario zona Este y Oeste Distrito Siete – Viacha” (CUCE: 21-0086-11-1105898-1-1), fue modificado en tres ocasiones. No solo se amplió la fecha de entrega, sino que también incrementó el precio. El costo de la obra subió de 78 a 78,5 millones de bolivianos.
De acuerdo al Sicoes, esta obra es financiada en un 68,8% por el Programa de Conversión de Deuda Externa de Bolivia Frente a España. El programa funciona con un fondo en el que Bolivia deposita todo lo equivalente a los préstamos otorgados por España al país, en el marco del Fondo de Ayuda al Desarrollo. El resto del financiamiento proviene de la Alcaldía de Viacha.
En el caso del alcantarillado para el Distrito 6, denominado “Construcción del sistema de alcantarillado sanitario Distrito 6 – Viacha” (CUCE:22-0086-05-1257994-1-1), el costo es de 23,4 millones de bolivianos. La totalidad del financiamiento proviene de la donación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).
Mientras que el primer contrato fue firmado en enero de 2021, el segundo data de septiembre de 2022. Ambos proyectos fueron adjudicados a la misma empresa: Apolo Ltda.
Alcantarillado en Chinchaya
Otra de las obras mencionadas por Cortez, en su denuncia, se refiere a una obra para la localidad de Chinchaya, en el municipio de La Paz. En el Sicoes el único proyecto para esta región es el de “Construcción extensión de la red de agua potable fase II y sistema de alcantarillado sanitario para las comunidades Chicani y Chinchaya”, con CUCE 22-0086-05-1247674-1-1.
Al igual que en las dos anteriores obras, esta tiene financiamiento de la Aecid. Según el sistema de contrataciones, el 61% de los recursos provienen de esta donación extranjera, mientras que el restante 39% es financiado por el Tesoro General de la Nación (TGN).
El contrato de esta obra fue firmado el 6 de octubre de 2022, con una empresa cochabambina (C.C.S. Srl). Llama la atención que ni el nombre ni el número de matrícula de la contratada figuran en el Registro de Comercio de Bolivia, aunque sí está afiliada a la Cámara Boliviana de Constructoras.
Desde la Asamblea Legislativa Plurinacional, oficialismo y oposición coincidieron en que la investigación del denominado “caso coimas” debe extenderse a las empresas contratadas. En ese entendido, el diputado del MAS Daniel Rojas manifestó que es necesario revisar todas las adjudicaciones hechas por el MMAyA.
“Tenemos la información de que en algunos municipios algunos colegas diputados ponían las empresas y el ministerio daba el visto bueno, en complicidad con algunas alcaldías para facilitar la adjudicación. Se deberían revisar nuevamente todas estas adjudicaciones”, manifestó sin precisar casos específicos.
Obras en Sacaba y Achacachi
Otra de las obras mencionadas por Cortez se encuentra en Sacaba, Cochabamba. El proceso tiene como objeto la “Construcción del sistema de agua potable en Sacaba” (CUCE 21-0086-05-1173094-1-1).
El costo está cubierto en un 59% por una donación de la Agencia Francesa de Desarrollo. El 41% restante está financiado por la partida “Otros recursos específicos”.
El proceso de contratación fue publicado en el Sicoes el 29 de octubre de 2021 y mientras que la firma del contrato se hizo en abril de 2022. La adjudicación se dividió en tres paquetes o ítems. Es decir que tres empresas se hicieron cargo del proyecto.
El ítem 1 fue adjudicado a S.A.E.A. por 23 millones de bolivianos. Del ítem 2 se hizo cargo la S.A.O.A. por 21,3 millones de bolivianos. Para el último ítem se contrató a S.E. Srl. por 25,6 millones de bolivianos.
Esta última empresa también se adjudicó otra obra en el departamento de La Paz, la de “Mejoramiento y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales Achacachi” (CUCE: 21-0086-05-1119019-1-1).
Esta obra tiene un costo de 26,9 millones de bolivianos. El financiamiento es cubierto al 100% por un crédito del BID.
Otras 3 obras con créditos BID
Entre las obras que figuran en la denuncia están otras tres que, en su totalidad o en porcentajes, son financiadas con créditos del BID y otras donaciones extranjeras. Por ejemplo, la “Construcción del sistema de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales municipio Desaguadero” (CUCE: 21-0086-05-1120329-1-1).
Los 20,1 millones de bolivianos que cuesta este proyecto, están cubiertos por un crédito del BID, obtenido en el marco del Programa de Saneamiento del Lago Titicaca. El proceso de contratación data de marzo de 2021, mientras que la firma del contrato con la empresa (A.B. Srl.) data de julio de 2021. El plazo de entrega es de más de 550 días calendario.
En el caso del proyecto “Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales del municipio Laja y del municipio Comanche”, el crédito del BID cubre el 80% del presupuesto. El 20% restante corrió por cuenta de los recursos específicos de las municipalidades.
El costo total fue de 9,8 millones de bolivianos. La obra fue adjudicada a la empresa S.E.I.C. Srl. El proceso tiene el CUCE 21-0086-05-1154990-1-1.
De la misma manera, en el diseño y construcción del proyecto “Ampliación y mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable Pampahasi” (CUCE: 22-0086-05-1248812-1-1), el 65% del financiamiento proviene de un crédito del BID. El 35% restante proviene de la “donación externa multilateral”.
Este proceso es el único que aún está en curso. El proceso fue publicado en el Sicoes en agosto de 2022, pero hasta la fecha no ha sido adjudicado. Se han realizado dos ampliaciones de plazos para la adjudicación.
En el portal de contrataciones no se publicó ninguna resolución, acta o documento que explique los motivos de esta modificación del cronograma. En ambas oportunidades solo se adjuntó el nuevo plan.
Ambos documentos indican que la apertura de sobres de las empresas proponentes se realizó el 28 de septiembre de 2022. La fecha que fue movida fue la de adjudicación. En la última modificación se estimó que esta se realizará el 31 de mayo próximo.
Cabe aclarar que los proyectos mencionados en esta publicación fueron cotejados con las declaraciones de denunciante del caso ante la Fiscalía y los medios de comunicación. Tanto la Fiscalía como el Viceministerio de Transparencia continúan con la investigación y revisión de los contratos realizados.
En una entrevista con Rimay Pampa, Cortez señaló que la segunda obra en la que “negoció” el pago de comisiones fue la de la aducción en Jove Rancho. En el Sicoes este proyecto figura como “Aducción 2 PTAP Jove Rancho, Colcapirhua, zona Sur de Cochabamba – Tramo 2”.
El costo total del proyecto fue de 64,4 millones de bolivianos, financiados en su totalidad por el TGN. Según Cortez la coima en este caso fue de 842.523 bolivianos.
Para su adjudicación, la obra fue dividida en tres ítems. Los tres paquetes fueron adjudicados a dos asociaciones accidentales y una empresa constructora. El primer ítem tenía un costo de 22,8 millones de bolivianos, el segundo de 21 millones y el tercero de 20,4 millones de bolivianos.
“El primero fue adjudicado a la Asociación Accidental Quenamari; el segundo, a la Asociación Accidental Aguas del Sur; y el tercero, a la Empresa Constructora y Consultora Daoli Srl”, detalló la “negociadora”.
Según Cortez, Santos Cruz recibió la coima de sólo una de estas empresas. El monto declarado por Cortez corresponde al 3,6% del monto adjudicado en Ítem 1.
Al igual que en la mayoría del resto de las contrataciones, el departamento encargado de la licitación y ejecución fue la Unidad Coordinadora del Programa de Agua y Alcantarillado Periurbano (UCP/PAAP).
Los contratos fueron firmados en julio de 2021. El plazo para la entrega era de 225 días calendario. Sin embargo, de acuerdo al Sicoes, hubo al menos cinco contratos modificatorios para extender los plazos de entrega.
En el caso del contrato por el que Cortez señala se pagó una coima, se hicieron dos modificaciones. La obra que debía entregarse en 225 días calendario terminó por realizarse en 361 días.
Los contratos publicados advierten que además de los plazos, se modificó el costo de la obra. En este caso subió de 22,8 millones de bolivianos a 24,6 millones.
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