Gobierno retrocede y ahora dice que la Asamblea cruceña debe definir sobre su Gobernador

 

El Gobierno central retrocede en su presión de que en Santa Cruz se elija a un nuevo gobernador ante la detención de Luis Fernando Camacho y ahora señala que, es la Asamblea Legislativa Departamental y la misma población, bajo el Estatuto Autonómico, la que debe definir sobre la conducción de la Gobernación.

“La posición oficial del Gobierno central sobre la permanencia o no en lo vinculado a la Gobernación y al vicegobernador (Mario aguilera), esta temática que ha sido objeto de tanto debate en estos días, es que esta sea una decisión del pueblo cruceño y de la Asamblea Legislativa, en el marco de las normas y de su Estatuto Autonómico, que ha sido votado por los cruceños en voto popular, este es el ámbito en el que debe definirse toda la situación en Santa Cruz”, afirmó este domingo el ministro de Justicia, Iván Lima, en contacto con medios cruceños.

Insistió que desde el Gobierno la posición es que el pueblo cruceño, la Asamblea Departamental y bajo el marco de lo que establece el Estatuto Autonómico, son los que deben definir cualquier aspecto que esté relacionado a la Gobernación de Santa Cruz.

El 6 de enero, el ministro Lima indicó que la ausencia es una figura que aplica en el caso del gobernador Camacho y que podría dar lugar a un nuevo proceso penal por abandono de funciones, en el caso de que él insista en continuar ejerciendo la labor de gobernador no estando en Santa Cruz y sin realizar actividades regulares para la ejecución de su presupuesto y para su normal desarrollo.

Las declaraciones surgieron luego que el vicegobernador Mario Aguilera enfatizó que no asumirá el cargo y que Camacho sigue en función, mismo que está con detención preventiva en la cárcel de Chonchocoro desde el 30 de diciembre pasado por el delito de terrorismo en el caso golpe I.

Lima tras ser consultado sobre la nueva posición del Ejecutivo, respondió que anteriormente lo que habían planteado eran “opciones” que hay ante la ausencia de la autoridad departamental, pero ahora no quieren “interferir”.

“Hay plazos, pero reitero, nosotros no queremos como Gobierno central interferir en un acto que es de la democracia y de la institucionalidad cruceña, necesitamos que esta situación sea resuelta por el estatuto autonómico, la Asamblea Departamental y el pueblo cruceño, esto debe resolverse bajo las reglas democráticas que nosotros respetamos en la Constitución y el estatuto autonómico, es un tema de legalidad y no vamos a adelantar criterios”, aseveró.

 

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