El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, calificó ayer de “arbitraria e ilegal” las resoluciones emitidas por tribunales de sentencia -en El Alto y Sacaba- que rechazaron un juicio ordinario contra la expresidenta Jeanine Áñez, en los términos de la acusación formal que presentó el 25 de octubre. Además, la autoridad dijo que evalúa demandas penales contra los jueces de esos juzgados que reconocieron el mandato transitorio de la exmandataria.
Lanchipa acusó a Áñez de “genocidio” y solicitó una condena de 30 años de cárcel, por las masacres de Sacaba y Senkata (15 y 19 de noviembre de 2019), acaecidas en el contexto de la crisis política que estalló tras la renuncia de Evo Morales a la presidencia.
De todas maneras, la exmandataria está en la cárcel desde marzo de 2021 y fue sentenciada a 10 años de reclusión por asumir la presidencia sin cumplir los requisitos legales para este cargo.
Respecto a las resoluciones de los juzgados de El Alto y Sacaba, el fiscal general informó que éstas fueron apeladas para que sean reconsideradas por los vocales de los tribunales de La Paz y Cochabamba, de manera que se reanude la etapa del juicio oral y contradictorio por este caso.
“Las comisiones de fiscales han activado los recursos de apelación ante los tribunales penales de La Paz y Cochabamba para que, advertidas de esta arbitrariedad de estos tribunales de sentencia, dejen sin efecto la forzada e ilegal decisión asumida y en consecuencia se dé inicio al juicio oral y contradictorio”, manifestó en conferencia de prensa en Sucre.
El Ministerio Público no reconoció a Áñez como presidenta, aunque el 20 de agosto de 2021 el fiscal Lanchipa había solicitado al Tribunal Supremo de Justicia que autorice un caso de corte contra la exmandataria (2019-2020).
“El Ministerio Público analizará y tomara las acciones legales para que la emisión de toda resolución manifiestamente contraria a la Constitución y las leyes sea objeto de investigación y se definan responsabilidades, más aún cuando dichas determinaciones pretenden dejar en la impunidad graves violaciones a derechos humanos con víctimas fatales”, remarcó.
El 30 de octubre, un tribunal de El Alto se declaró incompetente para juzgar a Áñez porque consideró que “las actuales autoridades de los órganos Legislativo, Ejecutivo y Electoral emanan de las normas promulgadas por Jeanine Áñez en su condición de presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia”. La postura es contraria a la postura del oficialismo que desconoció el mandato de Áñez.
El 9 de noviembre, los jueces del tribunal de sentencia de Sacaba rechazaron llevar adelante este juicio por la vía ordinaria porque “se estaría incurriendo en una flagrante vulneración del debido proceso, la legalidad y seguridad jurídica”, un extremo que puede provocar la “nulidad” del proceso “y por ende en retardación de justicia para las víctimas”.
“Hace cuatro años correspondía al Ministerio Público (Fiscal Lanchipa) ejercer la acción penal pública con oportunidad y legalidad. No lo hizo, hoy subsiste la impunidad, sin verdad ni reparación efectiva para las víctimas”, cuestionó el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006) a través de su cuenta en la red X.
La postura del expresidente tuvo lugar en el contexto de los actos de homenaje que tuvieron lugar ayer en Sacaba, al cumplirse cuatro años de la masacre de 2019.
Jeanine Áñez tiene nueve procesos en curso. Los abogados que la patrocinan aseguran que le corresponde juicio de responsabilidades, según la Constitución.
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