Defensoría afirma que junta médica determinó el alta de Apaza y dice que “sus signos vitales son estables”

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La Defensoría del Pueblo se pronunció este viernes sobre la delicada situación que atraviesa el exdirigente de Adepcoca, César Apaza, que el miércoles 15 fue trasladado del servicio de neurología del hospital de Clínicas de La Paz al penal de máxima seguridad de Chonchocoro, pese a que tiene la mitad de su cuerpo paralizado tras la embolia que sufrió en ese centro penitenciario.

De acuerdo con el comunicado, cuando la Defensoría tomó conocimiento de la intención de otorgarle el alta hospitalaria al dirigente cocalero, se solicitó que una junta médica que establezca la situación actual del paciente y ésta fijó la realización de una resonancia magnética nuclear para determinar su estado de salud. Luego, se llevó a cabo otra junta médica, misma que determinó que Apaza puede seguir su tratamiento por consulta externa, motivo por el cual fue remitido a Chonchocoro.

Esta versión es rechazada por la defensa de Apaza, que denunció que el alta médica fue autorizada únicamente por la encargada de la Unidad de Neurología del nosocomio, incumpliendo una resolución judicial que establece que solo una junta médica podría otorgarle el alta.

Según la Defensoría, a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, se evidenció el jueves que los signos vitales de César Apaza son estables; sin embargo, señala que todavía mantiene signos de parálisis parcial de extremidades y «trastorno de adaptación», por lo que recibe medicación con antibióticos y antihipertensivos.

“Por tanto, la Defensoría del Pueblo, advierte que el señor Apaza se encuentra bajo la protección del Estado, que es el único garante de los derechos humanos de las personas privadas de libertad y, por tanto, tiene la obligación de garantizar la vida, integridad y salud de quienes están bajo su custodia en los centros penitenciarios del país”, finaliza el comunicado.

César Apaza es el presidente del comité de autodefensa de Adepcoca y fue aprehendido el 22 de septiembre de 2022 en La Paz. Casi dos meses después fue trasladado al penal de Chonchocoro acusado de indisciplina en San Pedro. El 15 de febrero pasado fue trasladado de emergencia del penal de máxima seguridad al hospital de Clínicas en La Paz con un cuadro de embolia. El miércoles fue llevado de nuevo a su encierro de forma sorpresiva.

Su abogada, Evelyn Cossío, en contacto con EL DEBER, adelantó que se encuentran trabajando con expertos en derecho internacional para presentar una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el “accionar abusivo y autoritario” por parte de algunas autoridades de Estado contra su defendido.

 

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