El fuego no perdona y ya devoró casi 60.000 hectáreas en Choré; 60.200 en el Tipnis; 12.600 ha en la Reserva de la Biósfera y Territorio Indígena Pilón Lajas; 50.500 en el Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) Iténez; 17.300 en el Área Protegida Municipal (APM) Copaibo; 22.300 entre el APM y TCO Bajo Paraguá; 7.000 en el Parque Nacional Noel Kempff Mercado (PNNKM); más de 10.000 en el ANMI San Matías; 6.500 en la TCO Monte Verde, otras 5.500 en el Área Protegida Departamental (APD) Río Blanco y Río Negro.
Y la lista sigue: 550 hectáreas de bosque se perdieron en el territorio indígena Lomerío; casi 4.000 en la comunidad ayorea Santa Teresita; casi 6.000 entre la TCO Takana 1 y San Buenaventura; y casi 80.000 en los pastizales de Ixiamas, una parte en el Parque Nacional Madidi.
A estos números de la devastación se suman los del Parque Nacional Otuquis, con 35.000 calcinadas; cerca de 1.000 en Kaa Iya, 4.000 hectáreas en Meandros del Río Ichilo; 1.500 en Orquídeas El Encanto; casi 1.000 en Humedales del Norte. Y no son todos.
Las áreas protegidas nacionales, departamentales y municipales, las reservas forestales y los territorios indígenas han caído en desgracia. Lo dicen los reportes de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosque y Tierra (ABT), y del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), también los datos de la Gobernación de Santa Cruz.
Las autoridades se refieren todos los días a “los focos de calor”, pero casi nunca para precisar el daño que deja el fuego a su paso. Hasta el pasado viernes, de acuerdo con los datos de la ABT, la superficie quemada en todo el país estaba por encima de los 3,5 millones de hectáreas, y Beni acaparaba 2,3 millones (66%); Santa Cruz casi 720.000 (20%); La Paz casi 300.000 y Cochabamba más de 150.000. La mayor parte del daño se concentró en apenas un mes y medio, desde octubre y lo que va de noviembre, a pesar de la prohibición de quemas.
En cuanto a los focos de calor, todos los días encabezan las estadísticas Beni y Santa Cruz. Solo el viernes pasado, la ABT registró casi 8.000 focos en todo el territorio nacional, y casi siempre se dan en los mismos municipios. En Beni, en Baures, San Ignacio de Moxos, San Javier, Magdalena, Exaltación, Santa Ana, Loreto y Reyes. En Santa Cruz, hay fuego en la Chiquitania, pues encabezan la lista San Ignacio de Velasco, Concepción, San José, San Miguel, además de Ascensión y Urubichá, ya en Guarayos.
Según Probioma, que sistematizó los datos del MMAyA y de la Dirección General de Gestión y Desarrollo Forestal (DGGDF), entre el 1 y el 17 de noviembre se reportó casi medio millón de focos de calor, exactamente 403.886. Beni concentró casi 55.000; Santa Cruz, más de 33.000; La Paz, casi 5.000, y Cochabamba, más de 2.500.
En cuanto a municipios, en este mismo periodo, los primeros lugares los ocupan San Ignacio de Moxos, Concepción, Santa Ana, San Ignacio de Velasco, Baures, Loreto, Magdalena, Urubichá y San Matías.
En cobertura vegetal, en noviembre la mayor recurrencia de los focos de calor impactó en el bosque amazónico, luego el bosque seco chiquitano, le siguen las llanuras inundadizas, yungas, bosque chaqueño, boque tucumano boliviano, pantanal, y las zonas donde hay bosque seco interandino.
Sanciones
Hasta el 16 de noviembre, la ABT había repartido 450 citaciones de comparendo a responsables de quemas, 198 en Santa Cruz, 127 en Beni, 42 en La Paz, 35 en Pando, 30 en Chuquisaca, y solo 11 en Cochabamba. En cuanto a los procesos penales, 10 estaban en proceso de investigación en Santa Cruz, uno en Chuquisaca, otro en el Beni, y seis en el departamento de La Paz.
El director de la ABT, Luis Roberto Flores Orellana, celebró que hasta el viernes hubiese tres detenidos y un sentenciado. Poco después de su conferencia de prensa, se anunció la detención preventiva de dos lugareños de San Buenaventura, quienes fueron enviados al Penal de San Pedro de La Paz.
El abogado defensor de ambos aseguró que se trataba de una medida extrema, puesto que se presentaron informes de la Alcaldía de San Buenaventura y de la comunidad de Tumupasa que demostraban que los aprehendidos eran habitantes de esa zona.
“Solo estaban realizando acciones de sofocación y de mitigación de incendios, pero lamentablemente se violó el derecho a la presunción de inocencia y no se dio una valoración objetiva a los verdaderos motivos por los que se usaban los elementos que les secuestraron al momento de la aprehensión, como la motosierra, fumigadora, machetes”, cuestionó.
También fueron detenidas dos personas, una fue liberada y la otra recibió una sentencia de dos años en proceso abreviado, por lo que no entrará a la cárcel. Las cifras de incendios no son proporcionales a los números de sancionados, a pesar de que el 10 de noviembre de este año el Órgano Ejecutivo Nacional promulgó la Ley 1525, que castiga hasta con ocho años de cárcel a la persona que provoque un incendio dentro o se extienda hasta un área protegida. Se trata de la Ley Integral de Protección y Conservación del Cóndor Andino, Kuntur Mallku (Vultur Gryphus).
Clamor
Luis Alípaz, alcalde de San Buenaventura, lamentó la reacción tardía e insuficiente de las autoridades.
Consternado, lamentó que se estuviera quemando “la parte más bella del Madidi”, y que los animales sean los grandes afectados, puesto que la mayoría muere, y los que logran ser atendidos, es gracias a voluntarios y no, necesariamente, a la participación de servidores.
Miriam Pariamo, vicepresidenta de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB), dijo que hace 60 días que arde San José de Uchupiamonas, y que recién reaccionaron las autoridades. La reserva es una de las mayores del país y fue parte de investigaciones científicas por la diversidad natural que alberga.
De acuerdo con los reportes de ABT, uno de los incendios en Ixiamas ya lleva 75 días activo. El de Choré duró casi dos meses sin hacer pública la alerta. Eso sí, el humo y la contaminación llega a Santa Cruz cargado con esa sensación de dolor y muerte de los bosques
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