Más de 40 detenidos por protestas en 4 sectores; ven criminalización

 

Desde hace cuatro meses, en movilizaciones de al menos cuatro sectores que demandan atención del Gobierno de Luis Arce, más de 40 personas –entre mujeres y hombres– fueron aprehendidos, detenidos, procesados y hasta condenados a penas privativas de libertad; todos son contrarios al Movimiento Al Socialismo (MAS). Analistas y la oposición ven que el derecho a la protesta se criminalizó en Bolivia.

Entre los primeros detenidos y procesados de este año, están Rodolfo R. O., Ricky F. R. y Mauricio B. H., quienes junto a otras cinco personas fueron aprehendidas en la “marcha en defensa de la democracia” que se realizó en julio pasado y que fue convocada por el Colegio Médico de Bolivia y otras 14 instituciones.

De los ocho, liberaron a cinco, pero a los otros tres el Ministerio Público los acusó por la presunta comisión de tenencia, porte o portación ilícita de armas porque, según informe policial, tenían petardos, piedras y un líquido sospechoso.

Los tres acusados llevan más de 100 días detenidos en la cárcel de San Pedro, se prevé que esta semana se realizará una nueva audiencia en la que la defensa pedirá la libertad de los tres detenidos.

Otro de los casos con nueve detenidos y procesados es el de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), que desde julio hasta septiembre de este año realizó en la ciudad de La Paz movilizaciones de protesta, entre marchas y bloqueos, para exigir al Gobierno del presidente Luis Arce que cierre el mercado paralelo de la calle 1 de Villa El Carmen.

A principios de septiembre, los cocaleros llegaron a La Paz en una masiva marcha desde los Yungas. La movilización del 8 de septiembre terminó con la quema del mercado de Villa El Carmen, órdenes de aprehensión contra al menos 15 dirigentes, de las cuales hasta la fecha se ejecutaron nueve.

Entre los varones están detenidos y procesados por la justicia el presidente de Adepcoca, Freddy Machicado; el presidente del Comité de Autodefensa, César Apaza; el dirigente de la Juventud Yungueña, Raúl Uría; y Juan Cocarico, otro dirigente de Adepcoca. El último en ser detenido fue Gonzalo Lupaca, enviado a la cárcel con una detención preventiva por seis meses.

Todos ellos están en el penal de San Pedro, excepto Apaza, quien fue llevado a Chonchocoro. También está en la cárcel el cocalero de base Porfirio Rivero, quien no tiene una mano y en la otra sólo dos dedos. Lo acusan de portar y lanzar explosivos al mercado de Villa El Carmen.

En tanto que las dos dirigentes Gudelia Butitano, secretaria general de Cofecay, y Rosalba Vargas, vicepresidenta del Comité de Autodefensa, tienen detención domiciliaria, pero también son procesadas por la quema del mercado paralelo.

Todos ellos son procesados por la comisión de 15 delitos, entre ellos, tráfico ilícito de armas, organización criminal e instigación pública a delinquir.

En contraposición, la Policía y la Fiscalía no detuvieron ni procesaron a ningún dirigente cocalero del sector del dirigente Arnold Alanez, a pesar de que los cocaleros de Adepcoca encontraron en el mercado paralelo armas, coca molida –que suele ser usada con otros fines– y un cañón.

Pero la Policía aprehendió también a más de 20 cocaleros de base en las marchas de protesta de septiembre, días después fueron puestos en libertad con medidas sustitutivas.

Magisterio

Otro sector con dirigentes detenidos y procesados por la vía penal es el Magisterio. El 21 de octubre pasado los dirigentes José Luis Álvarez, Leandro Mamani, Felipe Loza y Teodora Álvarez fueron aprehendidos, puestos ante un juez, acusados por destrozos a bienes públicos.

En esa fecha, en medio de una protesta los profesores intentaron instalar una huelga de hambre en el edificio público para exigir el reconocimiento a los nuevos dirigentes de su federación, pero la Policía los gasificó y los aprehendió; estuvieron todo el fin de semana en celdas y el lunes 24 un juez les otorgó medidas sustitutivas.

En tanto, en Santa Cruz apenas comenzó el paro por el censo 2023, tres personas del Comité Cívico de Puerto Quijarro fueron detenidas y procesadas por la muerte de Julio Pablo Taborga, de 47 años y quien era funcionario municipal.

Se trata de Samuel R. y Rubén M., ambos enviados con detención preventiva a Palmasola.

Ellos fueron imputados por el delito de homicidio. El tercer detenido fue Jaime Algarañaz, presidente cívico de Puerto Quijarro, de quien se conoce que semanas después la justicia le dio medidas sustitutivas.

Por las otras dos muertes ocurridas durante el paro cruceño, una de ellas de José Eduardo Sosa Gómez, de 28 años, victimado con violencia porque lo apuñalaron y le sacaron el corazón, la justicia mandó a la cárcel con 180 días de detención preventiva a Marco J. V. V., de 24 años, y Zaúl R. Z. M., de 30.

En el caso del difunto motociclista Eduardo Arancibia Barrancos, de 22 años, quien chocó con un cable en un bloqueo, se detuvo y procesó a cinco personas.

La detención más numerosa que se hizo en el paro cruceño ocurrió entre el 11 y 12 de noviembre, cuando 17 personas fueron aprehendidas; de ellas, 10 por la quema de la sede campesina en Santa Cruz y siete por los destrozos causado en la COD. Cinco días después 15 fueron liberados con medidas sustitutivas y dos se declararon culpables y fueron condenados a cuatro años de cárcel en juicio abreviado.

En otros casos, los agresores de periodistas Marco Antonio P. F. y Constantino C. C., aprehendidos, fueron liberados por la justicia con sustitutivas; el dirigente del MAS Reynaldo Ezequiel fue aprehendido por arrollar a una joven y más tarde fue liberado.

Sobre el tema, el diputado Juan José Tórrez, de CC, afirmó que el Gobierno criminalizó las marchas, eliminó el debido proceso, la presunción de inocencia y viola tratados internacionales.

“La justicia sólo es para el Movimiento Al Socialismo, ninguno de los del MAS que ha cometido delitos está en la cárcel. Cuando el que comete delitos es del MAS es protegido por la Policía, Fiscalía y jueces”, dijo.

La senadora opositora de Creemos Centa Rek indicó que, a pesar de las recomendaciones internacionales, las protestas se criminalizaron en el país.

“El Gobierno no tiene límites, incluso usan a la fuerza policial como operadores. Lo llamativo del caso es que nunca hay un aprehendido del lado de las milicias de la gente que moviliza el MAS. Hay un abuso que busca sembrar miedo y terror”, señaló.

 

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