Transcurrido un mes del paro cívico indefinido por el censo 2023, en Santa Cruz ven que esa región logró una “victoria” por haber conseguido que los tres poderes del Estado se hayan comprometido a entregar una ley censal. Mientras que el presidente Luis Arce advirtió una “política de matonaje” en esa región, que vulneró los derechos humanos en busca de desestabilizar al Gobierno.
Transcurridos 31 días de iniciado el paro que dispuso cabildo cruceño del 30 de septiembre, el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, señaló que el haber logrado que los tres poderes del Estado se reúnan para comprometerse a emitir una ley censal fue una victoria. “Los tres poderes del Estado de manera conjunta y pública se comprometieron a que habrá una ley censal y sin duda es una victoria de la constancia, de la determinación, de la fe y el valor de todos ustedes en la lucha y el sacrificio”, resumió el cívico. El viernes, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Óscar Hassenteufel; el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, y el presidente de Diputados, Jerges Mercado, expresaron su compromiso de garantizar la redistribución de escaños para comicios de 2025.
Por ello, Calvo cree que el mes de paro cívico indefinido demostró que “Santa Cruz es y seguirá siendo el bastión de la democracia y que nuestro cimientos cívico y democrático son inquebrantables”.
Luego citó el costo que demandó el paro. “No ha sido fácil, hemos dejado de producir, de generar (recursos), pasamos noches de zozobra y desde el nivel central han querido mellar nuestra dignidad cortándonos el gas, cercándonos para que no entre alimentos, enviando hordas de pandilleros y supuestos campesinos pagados, que junto a la (actuación) vergonzosa de la Policía atentaron contra la vida”. Destacó que en el mes de paro, el Gobierno les hizo “perder el tiempo” y que el censo “para ellos de técnico no tiene nada, que todo es político”. Refiriéndose, según él, a las mesas técnicas y el diálogo nacional en Cochabamba y Beni.
Arce ve “matonaje”
Arropado por centenares de mineros cooperativistas de Cochabamba, con los que después marchó junto al vicepresidente David Choquehuanca, el presidente Luis Arce denunció que en Santa Cruz se aplica una “política del matonaje”, que se vulneran los derechos humanos y que busca desestabilizar a su Gobierno. “Mientras nosotros trabajamos por hacer parar la economía, superar la pandemia y normalizar las actividades del país, (ellos) se encargaban de desestabilizar, de buscar pretextos para continuar un desgaste del Gobierno, lo que ellos buscan es desestabilizar, generar, temor, porque hay la política del matonaje allá en el Santa Cruz”, sostuvo el presidente Arce.
Apuntó además al Comité Interinstitucional, que lidera el cívico Calvo; el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar; y el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, que a su juicio “nunca llegó a demostrar su propuesta para hacer el censo en 2023 y menos plantear una solución al conflicto”.
“Esa gente nunca ha trabajado, no sabe el sufrimiento del pueblo boliviano. Se violaron derechos humanos, había gente que necesitaba ir al médico, al dentista y no los dejaban (aquello) está en los videos. Hubo un abuso al pueblo cruceño a que se respete el derecho a trabajar que tenemos todos los bolivianos y fueron ellos, los que nos sumieron en la crisis económica que nosotros hemos encontrado en 2020, un país sin plata, endeudado, destruido”, enfatizó Arce.
Insistió en que la movilización puso en evidencia el real interés del comité “que era desestabilizar, generar incertidumbre y temor en la población”, afectando a los sectores de menores ingresos.
Hasta hace una semana, los datos preliminares dieron cuenta de al menos 42 vulneraciones a derechos humanos, según la Defensoría del Pueblo, tres fallecidos, 178 heridos y al menos 25 detenidos, de los cuales 15 fueron liberados.
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