El abogado de la firma LCG Marvin Astorga denunció al Obispado de San Ignacio de Velasco por supuesta “apropiación” de bienes que son patrimonio cultural de Bolivia y acusó al monseñor Robert F. de “ser pasivo” ante dos denuncias de violación. El Procurador General del Estado (PGE), Wilfredo Chávez, anunció una investigación y habló de que se incurrió en un “encubrimiento”.
“La iglesia católica en diferentes obispados ha venido apropiándose del patrimonio del Estado Plurinacional de Bolivia (…). Es una apropiación ilegal del único conjunto misional de piedra declarado patrimonio de la humanidad y patrimonio arquitectónico de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. El año 2019, el obispado de San Ignacio de Velasco se ha dado la tarea, junto con autoridades municipales y de la región, a traspasar el patrimonio de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia”, expresó Astorga, en una conferencia conjunta que brindó con el Procurador.
El jurista sostuvo que el Obispado de San Ignacio de Velasco tiene más de 100 propiedades a su nombre, con folio real y documentación “legal”.
Asimismo, el abogado acusó al obispo de San Ignacio de Velasco de conocer dos casos de violación, contra una niña de 10 años y una misionera, y no hacer “nada” para ayudar a las víctimas.
Astorga señaló que el caso de la niña de 10 años de edad fue público y que el sacerdote Eulalio P. incluso fue detenido en Palmasola, acusado de ser el agresor, pero luego de tres años de esa denuncia fue liberado y el monseñor Robert F. no hizo “nada para poder buscar justicia para esta niña”.
En el otro caso, denunció que un argentino, José Mario P., abusó de una misionera, pero que el caso fue cerrado tras amenazas contra la víctima.
“Una vez más tenemos ahí la pasible actuación del obispo de San Ignacio de Velasco (…) que no hizo absolutamente nada, que por el contrario junto con personas afines al arzobispado de San Ignacio de Velasco se dieron la tarea de investigar a la misionera, vulnerando así sus derechos y garantías constitucionales dentro de un proceso penal llegando a intimidarla y provocando que este caso llegue a cerrarse”, dijo.
Al respecto, el Procurador anunció que investigarán de ambos casos de abuso sexual y acusó al obispo Robert F. de “encubrimiento”.
“Vamos a coordinar con el Ministerio Público para saber qué pasó con dos temas penales gravísimos que se ha denunciado ahora y que eran de conocimiento público y que no estaban en la carpeta de casos que están conociendo la población boliviana, una violación a una niña de 10 años y a una misionera, y un encubrimiento nuevamente de una autoridad que debía haber operado y protegido a la víctima y que en lugar de ello se estaba dedicando al tema del patrimonio”, manifestó.
La autoridad remarcó que ésta no es una “batalla” contra la Iglesia Católica, sino contra personas que hicieron mucho daño al país. Asimismo anunció que la Procuraduría asumirá las acciones pertinentes.
“Yo me siento triste por esta situación porque es recurrente la actitud que tenemos de parte de las autoridades de la Iglesia Católica, en este caso del obispo de San Ignacio de Velasco y tenemos que tomar accione sobre el tema, lo vamos a hacer. Teníamos denuncias sobre el patrimonio nacional, habíamos estado trabajando en el tema, lo vamos a ver con mucho énfasis ahora”, subrayó.
Anteriormente, el Gobierno tuvo un impase con el Obispado de San Ignacio de Velasco y el monseñor Robert F. por la expropiación de un terreno donde se encontraban las antenas de la Radio Juan XXIII, para la instalación de radares por parte del Ministerio de Defensa.
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