La Procuraduría General del Estado (PGE) utilizó al abogado Rolando Cruz Pimentel, uno de sus funcionarios en la oficina de la estatal en Sucre, para ampliar la denuncia contra exautoridades y líderes de la oposición el 20 de julio por el caso Golpe I, denunció ayer el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Marcelo Pedrazas.
“Cruz es un empleado de Wilfredo Chávez y al parecer fue contratado para ejecutar la persecución política contra los opositores, con sueldo pagado por los bolivianos, que incluso realiza esta sórdida tarea en horarios de oficina”, señaló Pedrazas.
El asambleísta mostró un documento que ratifica que el citado abogado es servidor público de la Procuraduría, según la Declaración Jurada de Bienes y Rentas que hizo a la Contraloría General del Estado (CGE) el 13 de abril de 2022.
El 20 de julio pasado, Cruz presentó una denuncia en la Fiscalía General de Estado (FGE) en Sucre en contra de Carlos Mesa, Jorge Tuto Quiroga, Ricardo Paz, Carlos Alarcón, Samuel Doria Medina, Erick Foronda, William Kalimán, Waldo Albarracín, Marco Antonio y Pumari, Luis Revilla, Iván Arias, Luis Fernando Camacho, entre otras exautoridades y líderes de oposición por el caso Golpe I.
“Es vergonzoso para los bolivianos cómo el procurador utiliza a funcionarios para denunciar y perseguir a líderes de oposición por un caso inexistente, lo cual una vez más demuestra que este caso está totalmente armado por el gobierno para instalar a falsa narrativa del golpe, liberar a Morales del delito de fraude electoral y eliminar a la oposición”, ratificó el diputado Pedrazas, que además sospecha que otros funcionarios de la PGE acompañaron a Cruz.
La denuncia presentada por Cruz contra los opositores incluye los delitos de alzamiento armado y genocidio.
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