La Paz asediada y sin quien la defienda

Rolando E. Garvizu M.

El paceño no tiene la certeza de si, al salir de su casa, llegará a su destino sin problema alguno y en el tiempo previsto, sin encontrar en su recorrido algún bloqueo o una manifestación, que lo obligue a cambiar de ruta, terminar caminando varias cuadras y llegar atrasado. Y esto se lo debe “agradecer” a algún grupo de ciudadanos que –cobijado en un sindicato o una organización social– parece tener el derecho de cortar el tráfico en la ciudad o alguna carretera, o marchar haciendo explotar en su recorrido petardos o cachorros de dinamita amedrentando a la población, sin que nadie haga algo.
Es cierto que el derecho a la protesta o la manifestación, íntimamente ligado a los derechos a la libertad de expresión y de reunión, previstos en la Constitución Política del Estado, es el argumento que utilizan los promotores de las protestas. Pero, estos señores olvidan, tal vez intencionalmente, que el ejercer un derecho no les da la libertad de atentar contra derechos de otras personas.
Benito Juárez, político liberal mexicano (1806-1872), expresó de manera contundente que “el respeto al derecho ajeno es la paz”, una sentencia que debe ser conocida y, ojalá, aplicada, por todos.
Así, ni una marcha ni un bloqueo, bajo ninguna circunstancia, pueden atentar contra el derecho al libre tránsito o el derecho a la salud. Nadie puede impedir la libre circulación de otras personas, bajo ningún pretexto.
Un bloqueo o una manifestación pueden ser la causa de que una persona pierda su pasaje aéreo o terrestre, o que llegue tarde a su trabajo; que un enfermo no llegue oportunamente a un centro médico; que una empresa no cumpla con entregar, en determinada fecha, la carga que transporta, solo por citar algunos casos.
El 6 y 7 de este mes, fueron dos días en los que la ciudad sede de gobierno sufrió los efectos de los bloqueos, en este caso de los cooperativistas auríferos que, entre otras cosas, exigen la aprobación de una ley para pagar solo un 4,8% de impuestos y que el Estado frene el avasallamiento de concesiones mineras (que les dejen explotar en áreas protegidas).
Los cooperativistas auríferos justifican su accionar señalando que tienen el derecho a la protesta y, en este caso, porque las autoridades gubernamentales no atienden sus pedidos.
Hace un año (a mediados de noviembre de 2022) mineros cooperativistas de Oruro, afiliados a la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), colapsaron el centro de la ciudad de La Paz y realizaron un mitin en la plaza de San Francisco, donde exigieron la renuncia del ministro de Minería, Ramiro Villavicencio, además de presentar un pliego de demandas.
Son muchos los perjuicios que soportan los paceños por estas manifestaciones que incluyen bloqueos de calles o caminos, y son enormes las pérdidas económicas de las empresas que tuvieron el valor de instalarse (o quedarse) en la ciudad de La Paz. En este escenario nos preguntamos: ¿habrá alguna autoridad nacional, departamental, local, o institución cívica que salga en defensa de la ¡Oh!, Linda La Paz?
Esperemos que esta ausencia de autoridad para poner orden no derive en potenciales enfrentamientos. Esperemos que no ocurra, pero no podemos descartar que, en algún momento, cansados de tanto atropello, un grupo de paceños decida enfrentarse con manifestantes o bloqueadores, con saldos que no queremos imaginar.
La indolencia de las autoridades para sancionar estos atropellos a la ciudad es desesperante, aunque en otros casos muestran una diligencia admirable. Para algunas autoridades parece más importante no perder el voto que (creo) les aseguran los dirigentes de sindicatos o movimientos sociales, si el gobierno cede a sus protestas. Si esa es la razón para no sancionar los bloqueos de calles y caminos, el político parece no tomar en cuenta que llegará el momento en que el habitante (paceño o boliviano) se dé cuenta que tiene en sus manos el voto para elegir a las autoridades. Y puede ser este voto que reciba el candidato.
Es oportuno señalar que el despertar de la ciudadanía está avanzando. Un sondeo realizado por el IBCE en Santa Cruz sobre la elevada conflictividad en el país, con bloqueos de caminos como principal expresión, dio como resultado un rechazo rotundo contra la medida, así como la aplicación de sanciones a los responsables.
Los estantes y habitantes de La Paz esperamos que esta ciudad encuentre pronto a su defensor, antes que la desesperación del paceño lo empuje a enfrentamientos.

El autor es periodista.

La entrada La Paz asediada y sin quien la defienda se publicó primero en El Diario – Bolivia.