Gestora Pública: largo camino que recorrer

La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo empezó a operar, aún en forma parcial, a principios de septiembre de este año. Se espera que desde mayo del próximo año opere al 100% de sus funciones, administrando los recursos de los trabajadores aportantes para su jubilación, que son manejados por las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones).
La transición de las AFP hacia la Gestora Pública fue larga y aún no termina. El proceso empezó hace algo más de 10 años, con la Ley 0065, de 10 de diciembre de 2010, que en su Art. 147 dispuso que “la administración del Sistema Integral de Pensiones estará a cargo de una Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, la cual se constituirá como una Empresa Pública Nacional Estratégica, de derecho público; de duración indefinida; con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, con jurisdicción, competencia y estructura de alcance nacional”.
Cuando asuma sus funciones a plenitud, la Gestora Pública llegará a administrar algo más de 23.000 millones de dólares, equivalente a algo más del 50% del PIB nacional del 2021.
Un informe del Ministerio de Economía señala que, de acuerdo con disposiciones legales vigentes, al 31 de enero de 2021, las dos AFP cuentan con una Cartera de Inversiones que representa al 95% del total de los Fondos del Sistema Integral de Pensiones (SIP). El restante 5% no está invertido y se destina a garantizar el pago mensual de las Prestaciones del SIP.
Del total de la Cartera de Inversiones el 96% se encuentra distribuido en instrumentos locales (nacionales); y el restante 4% se encuentra en Bonos de Deuda.
Las administradoras han realizado inversiones en Valores o Instrumentos Financieros ofertados en mercados primarios y secundarios, como ser: Depósitos a Plazo Fijo (57%; $us11.871 millones), Bonos del TGN (16%; $us3.435 millones), Cuotas de Participación de Fondos de Inversión Cerrado – FIC (10%; $us2.089 millones), Bonos de Largo Plazo (5%; $us1.074 millones), Cupones de Bonos (4%; $us857 millones), Bonos de Deuda Soberana – Inversiones en el extranjero (4%; $us832 millones) y otros (4%; $us738 millones)
El DS reglamentario 2.248, del 14 de enero de 2015, en su artículo 11 dispuso “La Gestora iniciará sus actividades en un período no mayor a dieciocho (18) meses a partir de la publicación del presente Decreto Supremo”.
Finalmente, el DS 4.585 de septiembre de 2021 en su Art. 2 dispuso que “la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo iniciará actividades en los Regímenes Contributivo y Semicontributivo, de forma parcial dentro de los doce (12) meses siguientes a la publicación del presente Decreto Supremo y de manera total en un plazo no mayor a veinte (20) meses computados de igual manera”.
Poco después del inicio de operaciones de la Gestora Pública aparecieron algunas voces discordantes, expresando su preocupación porque los fondos de jubilación de 2,5 millones de trabajadores están ahora en manos de la Gestora.
El sistema de jubilación en el país está vigente desde mediados del siglo pasado. Éste se basaba en la solidaridad de los trabajadores activos que aportaban a un fondo especial, que se utilizaba para pagar las pensiones de todos los que se jubilaban.
En el pasado, como es de conocimiento de los bolivianos, este sistema quebró, entre otras causas por la hiperinflación que azotó al país, que se tradujo en una dramática reducción de los trabajadores activos.
Por ésta y otras causas, el gobierno optó en 1997 por crear un sistema de administración privada de los fondos para la jubilación, conocido como el sistema de capitalización individual, donde el trabajador deposita el 10% de su salario en una de las dos Administradoras de Fondo de Pensiones, la AFP BBVA Previsión y la AFP Futuro de Bolivia.
Jaime Durán, gerente de la Gestora, de manera terminante sostuvo que los recursos de los fondos de pensiones están protegidos por cinco “candados”, que garantizan que los aportes de los trabajadores sean bien cuidados.
El presidente socialista de Chile, Gabriel Boric, presentó un proyecto de ley que elimina las AFP, creadas en el período de Augusto Pinochet, y las remplaza por un nuevo sistema mixto. Esta propuesta mantiene el pilar de ahorro individual, que actualmente promedia un 10,5% del salario, y agrega un 6% a cargo del empleador.
Una decisión importante sería que el sector privado tenga un director en la Gestora.

El autor es Economista, licenciado en la UMSA, doctorado Ph.D. en Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador de Argentina, Académico de Número de la ABCE y presidente del Directorio de la UREAL.

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