El gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) actuó con tanta negligencia en los arbitrajes que diversas empresas presentaron en contra del Estado, luego de las nacionalizaciones impulsadas por el expresidente Evo Morales, que tamaño daño al Estado no tendría que quedar
impune.
Las nacionalizaciones decretadas desde 2006, a sabiendas de que las empresas demandarían al Estado, tal como reconoció el propio autor de las mismas, son el primer acto de irresponsabilidad que tiene nombre y apellido: Evo Morales.
Luego vendrían los arbitrajes en los que las autoridades a cargo, lejos de hacer una defensa de los intereses nacionales, entregaron el dinero del Estado a las compañías nacionales en bandeja de plata.
Así, por ejemplo, solo en dos arbitrajes, en el de Quiborax y el de BBVA, el Estado terminará pagando 129 millones de dólares adicionales al monto pedido por aquellas empresas para entregar sus acciones y marcharse del país.
Según el laudo del Ciadi, la empresa BBVA ofreció al estado 15 millones de dólares por la venta de sus acciones en 2010, pero la contraoferta del gobierno fue de 500 mil dólares, lo que alejó la posibilidad de un acuerdo y llevó al arbitraje que hoy obliga al Estado boliviano a pagar 105 millones de dólares, es decir, 90 millones por encima del precio inicialmente ofrecido.
En el caso de Quiborax, según un recuento de Brújula Digital, la empresa pidió tres millones de dólares, pero el Estado rechazó esa cifra, a lo que la empresa hizo una contraoferta de 27 millones de dólares, monto que tampoco fue aceptado. Finalmente, el fallo del arbitraje obligó al Estado a pagar 42,6 millones de dólares, es decir, 39,6 millones de dólares adicionales a la primera oferta.
Los 90 millones de dólares del caso BBVA y los 39,6 millones de dólares del caso Quiborax suman los 129,6 millones de dólares que el Estado perdió por negligencia de sus procuradores, entre los que figuran el ahora embajador de Bolivia ante la OEA, Héctor Arce Zaconeta, el abogado independiente Pablo Menacho y el exabogado de Evo Morales y actual procurador, Wilfredo Chávez.
Mirando las ofertas y contraofertas se podría decir que el gobierno pudo haber nacionalizado Quiborax y BBVA sin perder semejante cantidad de dinero si únicamente hubiera rechazado los arbitrajes y hubiera aceptado el pago solicitado por las acciones. Ya se sabe que las nacionalizaciones no son gratuitas, que pasan su factura, pero de ahí a permitir que esa factura se multiplique varias veces, hay un largo trecho y una gran responsabilidad de los operadores judiciales de la época.
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