Se naturaliza la megacorrupción en el gobierno masista

La Constitución Política del Estado establece en su Artículo 324: “No prescribirán las deudas por daños económicos al Estado”. En audiencia la Fiscalía señaló que el presidente de la ABC, Henry Nina, junto a su hermana, cobraron $us 1,3 millones en marzo como parte de un SOBORNO de $us 2,6 millones para favorecer a una empresa china para la construcción de la doble vía Sucre-Yamparáez. Durante la audiencia cautelar, el juez determinó detención preventiva, en la cárcel de San Roque, del empresario Jin Zhejiang, representante de la empresa china, y del exgerente técnico nacional de ABC, Cristian Mendieta, por seis meses. Según revelación que surgió en la audiencia, Zhejiang hizo el pago de una parte de la coima directamente al presidente de la ABC, Henry Nina y a su hermana. El precio referencial de la obra era Bs 499,4 millones, equivalente a $us 65,6 millones. El Ministro de Justicia mostró el pago en cheques por Bs 9.393.000.

Del 20% de anticipo recibido, el Gerente de CHEC compró facturas a una empresa de alquiler de equipamiento por un valor de 5,3% y a servidores de la ABC se les entregó, inicialmente, el 2% del valor del proyecto, al cual se le redujo el 5,3%, resultando en $us 1.350.000. Presentaron un papel con puño y letra de Jin Zhejiang, en hoja membretada de su empresa el cálculo de cifras explicado a la ABC.  El documento señala que Nina, presidente de la ABC, tomó contacto con la empresa china y solicitó a través del secretario general de la ABC, Freddy Mamani, una ganancia ILICITA del 4% del total del monto adjudicado y también se vincula al ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, y a otros nueve servidores que aceptaron el pago de un SOBORNO de Bs 18,6 millones ($us 2,6 millones), de los que ya fueron pagados Bs 10 millones ($us 1,3 millones), para direccionar la contratación de Bs 456 millones a la empresa china Harbour Engineering Company (Chec) por la construcción de la doble vía Sucre-Yamparáez. Sin embargo, la Comisión de calificación detectó que la propuesta económica de la empresa china CHEC tenía errores técnicos de cálculo, que podían perder la adjudicación, entonces modificaron los “errores” y reemplazaron 3 páginas y 2 formularios. Mendieta en la Residencial Bolivia, en Sucre, se reunió con la Comisión de calificación.

Según el CEDLA, en 2015 había 35 empresas trabajando en su mayoría en el sector de infraestructura, con la presencia de las mayores corporaciones vinculadas al Estado chino. La empresa CHEC trabajó desde la gestión de Evo Morales, con obras de caminos. Hoy aproximadamente 100 empresas chinas trabajando en Bolivia y además no cumplen la Ley General del Trabajo. Dicha norma en el artículo 3 señala que las empresas, nacionales o extranjeras, deben tener como máximo un 15% de personal EXTRANJERO, pero en las compañías chinas hay 35% de trabajadores de otras nacionalidades. Señala que las empresas chinas se han adjudicado más de 25 proyectos en diferentes rubros estratégicos: carreteras, hidroeléctricas, ferrovías e industrias, que en conjunto superan los 2.000 millones de dólares. Varios contratos fueron rescindidos y otros presentan importantes retrasos en relación con los plazos previstos.

La participación y el control social implican, además de las previsiones establecidas en la Constitución y la ley: Num. 8. Denunciar ante las instituciones correspondientes para la investigación y procesamiento, en los casos que se considere conveniente.

Por tanto, el ministro Edgar Montaño y Henry Nina deben renunciar y someterse a investigación, NO deben seguir ejerciendo el poder en sus cargos políticos porque pueden usar sus influencias y salir libres de las acusaciones, aunque pruebas contundentes muestran los delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, cohecho pasivo propio y uso indebido de influencias, ya que la empresa CHEC no cumplía con los requisitos en el DBC y fue favorecida. Ordenaron y autorizaron la elaboración del informe de la Comisión de calificación, para luego corregir y reemplazar los documentos y favorecer a la empresa, en la adjudicación del contrato.

 

Angélica Siles Parrado, Abogada-Economista, ex Asambleísta Constituyente.

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