Dos ministros encarcelados y un escándalo sofocado con opacidad. Ésa sería la síntesis más escueta de los casos de corrupción detectados en el actual Gobierno. Sólo una síntesis, porque el Viceministerio de Transparencia da cuenta de 46 casos denunciados solamente de enero a marzo de este año.
Lo más preocupante es que en los hechos que se revelan, no prevalece la mano dura contra la corrupción ni se apuesta por la sanción rotunda y el esclarecimiento.
Es el caso de la denuncia de tráfico de influencias y coimas que se denunciaron en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) el año pasado, cuando el diputado Héctor Arce, del MAS (del ala evista), hizo públicas las irregularidades en la contratación de una empresa china para la construcción de la carretera Sucre-Yamparáez.
En septiembre de 2022, Arce denunció en la Fiscalía que funcionarios de la ABC pactaron una coima de Bs 18,6 millones con la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC) a cambio de adjudicarle la construcción de la Doble Vía Sucre-Yamparáez, un proyecto de Bs 456,8 millones. Tras el escándalo, la denuncia fue en contra de 11 funcionarios de la ABC, incluyendo al presidente de ese despacho, Henry Nina, otros altos ejecutivos y la comisión encargada de la contratación. Sin embargo, sólo el gerente técnico de la ABC, Cristian Mendieta, y el representante de la empresa CHEC, Jin Zhengyuan, fueron enviados a la cárcel.
Pese a encontrarse anomalías y pese que el “testigo protegido” fuera encontrado muerto en un aparente suicidio, el Gobierno decidió retomar la construcción de la polémica carretera con la empresa en cuestión. Pero no sólo eso, sino que ahora el Ministerio Público en Sucre emitió la resolución de sobreseimiento y decidió cerrar el caso de la presunta coima de 18 millones de bolivianos. Con esa resolución, se liberó de culpa a los 14 imputados dentro de este supuesto hecho de corrupción.
Recordemos que en marzo pasado, luego de seis meses de la denuncia, el empresario chino Jin Zhenguyuan, procesado y encarcelado en La Paz por el pago de coimas a la ABC, devolvió casi Bs 9 millones que había escondido en una habitación de alquiler en Sucre. El ministro de Justicia, Iván Lima, lo anunció ante los medios y afirmó que una “organización criminal” intentó dañar la honorabilidad del ejecutivo de la ABC Henry Nina con la denuncia de una coima para la adjudicación de la doble vía Sucre-Yamparáez. Además, defendió a la china CHEC –que se mantiene como adjudicataria del proyecto carretero– por coadyuvar en el esclarecimiento del caso. Apenas dos meses después, los fiscales consideran que los elementos de prueba no son suficientes para fundar una acusación en contra de los funcionarios de la ABC y sostienen que la entrega de nueve millones de bolivianos no eran coimas, sino “un adelanto”.
Es bochornoso y turbio. Resulta vergonzante que un caso con indicios tan claros termine en, una vez más, patear el problema hacia delante y esconder la basura debajo de la alfombra. Los fiscales del Ministerio Público -se entiende que información no les falta- habrán tenido que responder a preguntas como: ¿se pagan adelantos de contratos y obras públicas en hoteles y se los deja guardados en cajones en un departamento?, ¿ese tipo de operaciones se consideran normales en la administradora de carreteras?… Se habló de coimas por 18 millones de Bs y se encontró (o devolvió) nueve, ¿dónde está el resto? Además, surgen interrogantes sobre el destino del testigo protegido, de quien primero se dijo había sufrido un accidente de tránsito en EEUU y luego se supo que se quitó la vida no sin antes dejar un video en el que acusa directamente a las autoridades de la ABC de corrupción.
El Gobierno, con la ágil colaboración de la justicia, pretende echar tierra al asunto de esta forma sin esclarecerlo. Los hechos no cuadran y cuando menos se debe exigir transparencia en las investigaciones que siguen. Si la justicia no contribuye a demandar rendición de cuentas en casos de presunta corrupción, la ciudadanía no actúa de la misma manera. La corrupción no es atributo del gobierno de Arce, pero los casos que se presentan y la forma en que se procesan, dejan un pésimo precedente en esta gestión.
Deja tu comentario