Santa Cruz ha tomado acción por todos quienes en el país se oponen a la postergación del anunciado Censo de Población y Vivienda para 2024, como ha ofrecido el Gobierno. La región cruceña decidió convocar a un paro de 24 horas demandando que como máximo este operativo se efectúe el próximo año (2023).
Los argumentos para tal exigencia son numerosos: desde los políticos hasta los económicos. Santa Cruz presiona por el censo para lograr más recursos del Estado y una mayor representación legislativa debido a que es la región que concentra más población en Bolivia. A ello se añaden suspicacias habituales porque el censo se realice en un año preelectoral (2024), por cómo pueda el oficialismo administrar los resultados.
El Gobierno, por su parte, ha hecho lo posible por restar valor a las críticas y demandas. A pesar de lo ineficiente que ha sido el manejo de las fechas de este empadronamiento desde un inicio, cuando las tareas preparatorias se realizaron tarde, mal y nunca, el Ejecutivo ahora sostiene que cualquier rechazo a la decisión de postergar esta actividad es simplemente un intento desestabilizador, soslayando la importancia que tiene esta medición para el presente y futuro del país, especialmente para la planificación del desarrollo.
El presidente Arce argumenta que se trata de “intereses políticos” los que llevaron a Santa Cruz al paro. “El censo y el crecimiento de población no implica necesariamente aumento de recursos, eso es relativo”, dijo. Tendrá razones para esta afirmación, pero una de las consecuencias obvias de medir la cantidad de ciudadanos en el territorio es asignar recursos en función a ello. Algo que, como el pacto fiscal, el Gobierno evade sin disimulo.
Pero, una cosa es que Arce tenga o no razón en sus declaraciones y en su menosprecio a las decisiones de las autoridades cruceñas y otra es que estas últimas hayan salido victoriosas del paro convocado.
Evidentemente, la disciplina de la ciudadanía cruceña para acatar estas decisiones es notoria: prácticamente todas las actividades laborales fueron suspendidas en la ciudad y la mayoría de los municipios acataron la medida. Se registraron bloqueos, mas no enfrentamientos, aunque unas 15 personas fueron detenidas por la Policía en medio de estas manifestaciones.
Para el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que junto con los cívicos fueron los promotores del paro -al que se sumó tímidamente el gobierno municipal-, se trató de un triunfo: “la ciudadanía muestra su grandeza y su actitud guerrera, rebelde, pacífica y valiente”, señaló.
Incluso el transporte público, que no se sumó al paro, se replegó en las diferentes zonas y no circuló por las principales arterias ni por el centro.
Con todo, el Gobierno hizo pesar su indiferencia y ni siquiera se prestó a un diálogo con los líderes cruceños para considerar sus exigencias. Para el Ejecutivo, el paro ha sido un fracaso, o al menos una pérdida de tiempo y de recursos sin un propósito efectivo.
El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, sostuvo que Santa Cruz ha sido “ninguneado” por el Gobierno, pues presentó una propuesta técnica para consideración del Ejecutivo que no fue tomada en cuenta.
El censo estaba inicialmente programado para realizarse en noviembre de este año; sin embargo, tras una reunión entre el Presidente y el Consejo Nacional de Autonomías -a la que no asistió el Gobernador cruceño- se decidió su postergación hasta 2024.
En conclusión, los líderes cruceños mostraron por enésima vez que tienen convocatoria para realizar paros regionales, que la ciudadanía los respalda sin dobleces y esto no debiera ser algo que el Gobierno desprecie. Por otro lado, el Ejecutivo no tiene -como no tuvo en su momento- voluntad alguna de consensuar con quienes son los directos afectados por decisiones de las que solamente su gestión tiene la culpa. El fracaso del Censo 2022 era predecible, y el Gobierno pretende ahora convencernos de que las cosas serán mejor si tienen más tiempo. En resumen, un día perdido para unos y otros, como si sobrara el tiempo.
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