La defensa de los derechos humanos se debilita en Bolivia, ya sea por la toma de las instituciones dedicadas a esta temática por parte del oficialismo o porque algunos organismos internacionales se retiran del país. Este es el caso de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) que ha concluido su gestión en diciembre y ha abandonado el país.
La Cancillería ha señalado que el convenio que estaba vigente para su funcionamiento a fenecido. Sin embargo, también es cierto que, si el Gobierno estuviera interesado en ser observado por organismos internacionales, hubiera renovado ese convenio o hubiera logrado uno de largo plazo para que se instale una oficina permanente en Bolivia.
El Alto Comisionado tenía una oficina permanente hasta el 2017, pero ésta se cerró y solo volvió una misión temporal para ocuparse del seguimiento a los hechos de 2019, la que luego de una ampliación terminó su trabajo en diciembre.
Al respecto, la ONG internacional Human Rights Watch consideró que “el gobierno de Luis Arce debilita la defensa de los derechos humanos. Al decidir no renovar el mandato de la misión del Acnudh en Bolivia, deja a las bolivianas y bolivianos sin una entidad imparcial muy importante en el país que vigile los DDHH”, según escribió en Twitter, el director asociado para las Américas, César Muñoz.
Si bien los organismos internacionales tienen procedimientos lentos y burocráticos, sus pronunciamientos son importantes para poner en evidencia las vulneraciones a los derechos humanos en los países.
A esta situación se suma el hecho de que el MAS ha manchado la elección del Defensor del Pueblo al excluir a la oposición del proceso de concertación. Esa actitud ha levantado sospechas sobre la imparcialidad de la autoridad que ahora ocupa el cargo. De hecho, hasta ahora sus posiciones han sido tibias frente a la arremetida policial en contra de la ciudadanía movilizada y frente a los grupos de choque del MAS que impunemente atacan a los sectores movilizados.
A ello hay que sumar que el MAS ha recurrido a todo tipo de artimañas para quitarle legitimidad a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, creando una organización paralela y arrinconando a la presidenta, Amparo Carvajal. A propósito de Carvajal, que ya tiene 84 años, hay que recordar que se encuentra en España recuperándose de una operación de cadera, por lo que la actuación de la institución ha quedado mermada ostensiblemente.
Con una justicia tomada por el poder político y unas instituciones de Derechos Humanos esmirriadas o inexistentes, no hay quién observe al Gobierno ni quién le ponga límites a su poder. La situación es verdaderamente preocupante.
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