Cuestionan papel de la justica por ejecutar órdenes políticas

Lamentando que la justicia no actúe contra los responsables de fomentar la ilegalidad en el caso del mercado paralelo de coca instalado en La Paz por grupos afines al Movimiento al Socialismo (MAS), el diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Alejandro Reyes, aseguró que la aprehensión del dirigente cocalero, Freddy Machicado, confirma que la justicia solo es una instancia que ejecuta las órdenes políticas del Gobierno.
El asambleísta representante de la Sede de Gobierno, señaló que las aprehensiones registradas esta semana en contra de exautoridades municipales y dirigentes cocaleros de la región de los Yungas se constituyen en un episodio negro en la historia de la justicia boliviana.
Reyes afirmó que con lo acontecido se revela el verdadero estado de la justicia nacional y confirma que el Órgano Judicial se ha convertido en un brazo operativo que sirve a los intereses políticos del poder de turno.
“Se confirma que realmente en este país la justicia es el ejecutor de la orden política del gobierno de turno”, sostuvo el parlamentario.
Además cuestionó la forma y tiempos empleados por administradores de justicia y fuerzas del orden, para hacer efectivas las acciones en contra de las personas afectadas por la persecución política emprendida desde el oficialismo.
“Ha sido un día negro para la democracia y para la justicia nacional, al señor Machicado lo han aprehendido de manera ilegal, sin una orden de aprehensión y vulnerado todos sus derechos”, afirmó Reyes cuestionando que o se actúe de la misma forma con los responsables de haber promovido un paralelismo ilegalidad que dio inicio a todo el conflicto.
Finalizó exigiendo a autoridades convocar al dirigente, Arnold Alanes, por ser el principal responsable en insistir en la instalación de un mercado paralelo de coca bajo el aval político del oficialismo, generando escenarios de confrontación y violencia.
Sobre este tema, la diputada Milena Reque, condenó que nuevamente los derechos de ciudadanos contrarios a la línea ideológica del actual Gobierno sean vulnerados para proceder con su persecución mediante el aparato represor del Estado.
“Se están vulnerando los derechos de los bolivianos y no sería la primera vez que hay un amedrentamiento de este tipo, ni la primera aprehensión sin justificación”, dijo.
Reque insistió en que todas las posibles soluciones al conflicto cocalero en La Paz, siempre han estado en manos del Gobierno central, por lo que son el Presidente del Estado y sus ministros, los llamados a solucionar el problema antes que este se reactive nuevamente.
Desde el oficialismo, el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani Laura, negó la participación del Gobierno en las recientes aprehensiones de la exalcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, y el dirigente cocalero, Freddy Machicado, descartó presuntos intereses del oficialismo en perseguir opositores.
“Quiero desmentir esta información que se está generando con relación a que, cuando se tiene que enfrentar a la justicia por algún delito, es persecución política. Este tema no puede ser tratado de esta manera, porque sabemos muy bien que la exalcaldesa de El Alto, tiene varios procesos impulsados por la actual administración de la alcaldía”, sostuvo.
En el caso del dirigente, Freddy Machicado, la autoridad legislativa sostuvo que es necesario distinguir las reivindicaciones “justas” del sector cocalero de los Yungas, de supuestos excesos cometidos durante la toma del predio instalado y administrado por el dirigente Arnold Alanes.
“Otro tema que también lo toman como persecución política, estamos hablando del señor Freddy Machicado. Hay que distinguir dos cosas, una es la reivindicación justa de los hermanos cocaleros. Otro tema son los delitos ocasionados. Los excesos están reñidos con las normas. El hecho de que se haya quemado un predio particular, que se haya desnudado a compañeros y compañeras, inclusive con la intención de eliminarlos, esos excesos no compartimos”, subrayó Mamani.
El miércoles, Chapetón y Machicado fueron aprehendidos y trasladados hasta dependencias policiales de la ciudad de El Alto. En el caso de la exburgomaestre alteña, se le acusa por un presunto daño económico ocasionado en el proyecto de embovedado de la avenida Juan Pablo II, una de las vías troncales de esta urbe.
En el caso de Machicado, las acusaciones tienen que ver con la toma física a las instalaciones del mercado paralelo ubicado en la zona de Villa El Carmen, se le acusa por haber encabezado la quema de estos predios, además de otros 14 delitos relacionados a lesiones graves y leves; tenencia, porte o portación ilícita; atentado contra bienes públicos; privación de libertad; impedir o estorbar el ejercicio funciones; allanamiento de domicilio o sus dependencias; lesiones gravísimas; robo agravado; destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional; secuestro; atentados contra miembros de organismos de seguridad del Estado; tráfico ilícito de armas; organización criminal e instigación pública a delinquir.

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