La expresidenta Jeanine Añez y el excomandante del Ejército Pastor Mendieta apelaron ayer la condena que se les impuso en el juicio del supuesto golpe de Estado II. La defensa de Añez presentó un memorial de 99 páginas en las que cuestionó seis temas de fondo y pidió la anulación del proceso por la injerencia política del Gobierno en la Fiscalía y el Órgano Judicial.
“99 páginas de demostración de agravios y verdad. Es la apelación de Jeanine Añez ante la ilegal sentencia dictada por el Tribunal (de Sentencia Anticorrupción Primero de La Paz) sin competencia, que pretendió condenarla forzando el relato del MAS a delitos inventados, en vez de rechazar el juicio ordinario a una expresidenta”, escribió Carolina Ribera, hija de Añez, en sus redes sociales.
Añez fue sentenciada a 10 años de prisión por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la ley.
En el caso de Mendieta, él apeló la condena de tres años de cárcel solo por el primer delito. Según el abogado del exjefe militar, Javier Peñaloza, su cliente fue absuelto del cargo de resoluciones contrarias a la ley, “aunque no figura así en el texto de sentencia”.
Por el mismo caso, el exjefe de Estado Mayor, almirante Gustavo Arce, renunció a su derecho a la apelación tras analizar varios aspectos y considerar que ya está en la cárcel más de la mitad de la condena de dos años que se le impuso.
Seis observaciones
El abogado de Añez, Luis Guillén, explicó que la apelación interpuesta se puede resumir en seis puntos.
“Primero, los jueces aplicaron erróneamente la retroactividad de la norma penal”, señaló. De acuerdo a la apelación, la expresidenta fue juzgada por delitos inexistentes, pues los mismos fueron eliminados del Código Penal.
El segundo punto cuestionado es que los jueces “omitieron el deber” que tenían, de valorar todas las pruebas y permitir que se convoque a los testigos solicitados por Añez.
El tercer punto observado es la limitación en el análisis de los hechos y las fechas en las que supuestamente se cometieron los ilícitos (10, 11 y 12 de noviembre de 2019). Sin embargo, la condena se emitió tomando elementos fuera de esas fechas, sostuvo Guillén.
El cuarto y quinto punto tienen que ver con la falta de fundamentos legales y la contradicción jurídica de la sentencia.
Por último, se tiene que la defensa de Añez presentó un incidente para anular todo el proceso, “por la injerencia política” del Gobierno sobre los fiscales y jueces.
“Limitaron la participación de los testigos. Otro punto es el hecho de que no suspendieron la prosecución del juicio mientras se resolvían los recursos de inconstitucionalidad que se plantearon ante el Tribunal Constitucional. Esto no es un hecho menor, pues sí son elementos para la nulidad del juicio. Otro hecho es que se juzgó a la exmandataria en el sistema ordinario y no en juicio de responsabilidades”, dijo Guillén.
Según Carolina Ribera, los jueces vulneraron “el debido proceso, el (derecho a ser procesada por un) juez natural, la presunción de inocencia, el aporte de pruebas, la declaración de testigos, la Constitución, la Ley 044 de Juzgamiento de Altas Autoridades, por todas las negaciones a los derechos y a los hechos, se fundamenta la nulidad del juicio”.
Página Siete consultó al responsable de comunicación del Ministerio de Gobierno sobre si esa cartera de Estado presentó también su apelación. Desde la institución se respondió que “sí” se apeló el fallo, pero no se explicó cuáles son los fundamentos.
Asimismo, el fiscal departamental de La Paz, William Alave, se negó a dar información sobre este caso. Similar situación ocurrió con el subprocurador Juan Clemor, quien primero atendió la llamada de este medio y luego colgó sin responder a las consultas.
Por último, Roger Valverde, abogado del almirante Arce, indicó que su defendido ya cumplió más de la mitad de la condena de dos años que se le impuso, por eso no apelará la mencionada sentencia y se limitará a solicitar la liberación. Sin embargo, Arce niega haber cometido los delitos de los que le acusan.
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