Corte IDH dispone que se indemnice a Blas Valencia con 20.000 dólares

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dictó sentencia contra Bolivia y señala que es responsable en la violación de una serie de derechos humanos de 26 personas que fueron implicadas en el caso del atraco a Prosegur, que data de 2001. El principal implicado y condenado por el hecho debe recibir una indemnización de 20.000 dólares, según lo dispuso el organismo.

“La Corte estima procedente determinar en equidad, a fin de reparar en forma unificada o conjunta los daños materiales y los inmateriales, como compensación de los mismos y considerando las distintas violaciones a derechos humanos sufridas por las víctimas, los siguientes montos dinerarios, a favor de cada una de las presuntas víctimas y beneficiarias de las reparaciones de acuerdo con lo que se indica a continuación…”, señala la última parte del documento.

Emite una lista de los nombres con los montos que debe recibir cada persona. Casi al final aparece: “Blas Valencia Campos: US$ 20.000,00”.

La Corte encontró culpable al Estado boliviano por la violencia policial durante los allanamientos y detenciones de las 26 personas involucradas en el caso. Las víctimas fueron presentadas ante los medios como delincuentes sin antes comparecer ante la justicia, sufrieron actos de tortura sexual, incomunicación prolongada, malas condiciones de detención, sometimiento a tratos crueles, inhumanos y degradantes y por actos de tortura.

El 14 de diciembre de 2001, un grupo armado asaltó un vehículo de la transportadora de valores Prosegur y mató a dos policías y un civil para llevarse 385 mil dólares. Las investigaciones determinaron que el clan estaba liderado por el entonces coronel Blas Valencia y otros 16 integrantes, entre los que se encontraban un mayor de la Policía, un exmilitar, exreos, ciudadanos peruanos y algunos miembros de su familia. La justicia dictó sentencia en 2003 y el exuniformado recibió 30 años de cárcel sin derecho a indulto.

Cuatro días después, en la madrugada del 18 de diciembre de 2001 un operativo policial fuertemente armado allanó con violencia varios inmuebles, algunos sin orden judicial, para supuestamente arrestar a personas sospechosas de estar involucradas en el atraco.

En esos operativos y posterior a ellos, 26 personas, entre hombres, mujeres y menores de edad, fueron torturadas y maltratadas. En este proceso judicial, una persona murió y otra perdió un brazo por no recibir atención médica, informó la Corte IDH en el documento dado a conocer.

La Corte considera que los allanamientos nocturnos y las detenciones realizadas eran contrarios a la normativa constitucional vigente al momento de los hechos, y que, por el uso de fuerza desmedida, implicaron una violación de los artículos 7.1, 7.2 y 7.3 de la Convención.

“Durante los allanamientos nocturnos se afectaron de forma desproporcionada los derechos de los niños y adolescentes presentes, así como el derecho a la vida familiar. Asimismo, las mujeres fueron víctimas de torturas sexuales durante sus detenciones”, explica.

Bolivia tendrá que pagar 786 mil dólares en indemnizaciones para 26 afectados, además de cumplir con otros compromisos como adoptar las medidas necesarias para que se revise la sentencia 12/2003 de 16 de mayo de 2003; continuar y concluir en un plazo razonable las investigaciones y procesos penales correspondientes con el fin de juzgar y, en su caso, sancionar a las personas responsables por los actos de tortura y vejaciones en contra de las víctimas.Asimismo, el país debe brindar el tratamiento médico, psicológico y/o psiquiátrico que requieran las víctimas, entre otras medidas.

La sentencia fue leída y notificada este miércoles en presencia del procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, la cual debe cumplirse en un año.

 

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