Defensoría del Pueblo admite 71 denuncias por vulneración de derechos humanos durante el paro

El defensor del pueblo, Pedro Callisaya, informó este jueves que la institución admitió 71 denuncias de vulneración de derechos humanos acontecidos durante el paro de 36 días llevado a cabo en Santa Cruz en demanda de que el Censo de Población y Vivienda se realice en 2023.

“La pugna política de actores de poder y fuerzas antagónicas de un conflicto determinado afecta a la población que al final muchos se convierten en víctimas colaterales, aquellas personas que son parte del tejido social que debemos cuidar. Tenemos que aprender y no repetir los errores que han costado vidas y han quebrado a varias familias bolivianas”, expresó la autoridad en rueda de prensa.

Según detalla un comunicado, los tipos de casos registrados tienen que ver con la vulneración al derecho a la vida, libertad de expresión, libertad de información, salud, violencia contra las mujeres, educación, integridad personal y pueblos indígenas.

Callisaya explicó que se iniciaron tres investigaciones por la muerte de un funcionario municipal de Puerto Quijarro, el degollamiento de un motociclista en el Quinto Anillo y el caso del joven apuñalado en el Barrio Latino.

Respecto al derecho a la libertad de expresión e información, la institución defensorial atendió casos referentes a las agresiones físicas a periodistas, camarógrafos, reporteros, fotógrafos, corresponsales, entre otros, quienes fueron interceptados por grupos de manifestantes, efectivos policiales y otros actores movilizados.

“Recibieron pedradas, palizas, entre otras agresiones que los hirieron de gravedad, en algunos casos”, consta en el escrito.

El defensor del pueblo también apuntó a escenas en las que manifestantes en puntos de bloqueos presuntamente impidieron el paso de ambulancias y agredieron a los ocupantes. Asimismo, remarcó la afectación a los pacientes que no pudieron llegar a sus tratamientos vitales como enfermos de cáncer, renales, entre otros.

“Lamentamos que hubo denuncias donde se recabó datos que los bloqueadores obligaron a exponer a los infantes para verificar si físicamente mostraban signos de pacientes oncológicos (falta de cabello o le falte algún órgano) y se cuestionó la condición si no cumplía con tales signos, obstruyendo su traslado”, enfatizó.

Indicó que no se pudo atender con prontitud un caso de supuesta violación múltiple a una mujer y que mujeres indígenas también fueron agredidas por movilizados.

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