Unas 30 familias piden la devolución de adelantos por inmuebles que no existen

¿Una nueva estafa inmobiliaria en La Paz? Al menos 30 familias piden la devolución de los anticipos que dieron por unos departamentos que hoy no existen. Los inmuebles eran parte de dos proyectos inmobiliarios que debían construirse en Miraflores y Sopocachi. Pero, sin previo aviso, el primero (que empezó en 2018) abandonó la construcción hace varios meses, mientras que el segundo fue descartado.

Los afectados pagaron entre 16.000 y 40.000 dólares, como enganche de preventa. Suman casi medio millón de dólares.

Con el fin de obtener una contraparte, Página Siete se contactó con una de las personas denunciadas y con el representante legal del responsable de ambos proyectos. Se indicó que se gestionaría una entrevista virtual para esta semana para dar su versión sobre las acusaciones.

En resguardo de la seguridad de los denunciantes y denunciados, a fin de evitar represalias, sus identidades se mantienen en reserva. Cada uno de los documentos presentados como prueba fueron verificados.

Pagos de $us 16.000 a 40.000

“Tengo una desilusión muy grande. Pagué el anticipo del departamento con los ahorros de toda mi vida, para tener un techo para mi esposa y para mí, pero no hay nada. Ambos somos de la tercera edad. Si no recupero el dinero, a estas alturas de mi vida, ya no podré volver a reunirlo”, lamentó T. J., uno de los afectados por el incumplimiento en la entrega de departamentos.

En 2018, la empresa Cassur SRL, mediante redes sociales, letreros y agentes de una inmobiliaria, ofertó la venta de departamentos, bauleras, parqueos y locales comerciales en el proyecto denominado Torre Algarrobo.

La ubicación no podía ser mejor, pues la obra está emplazada en la avenida Busch, a media cuadra de la calle Puerto Rico, en la zona de Miraflores.

El edificio debía tener más de 20 pisos, tanto en altura como subsuelos. Los departamentos tendrían todos los servicios básicos, además de acabados de calidad. Como muestra se tenía un departamento en el edificio en el que funcionaban las oficinas de Cassur, construcción que también era parte de sus proyectos.

El terreno había sido adquirido con un préstamo de una entidad bancaria. Los potenciales compradores podían ir a gestionar sus créditos para adquirir, en preventa, los departamentos. La constructora tenía todos los papeles y registros necesarios al día. Nadie pensó que todo se vendría abajo.

“Yo entregué 27.000 dólares (187.900 bolivianos), nos pedían el 30% del costo del departamento para acceder a la preventa”, relató E. G. Se enteró del proyecto en enero de 2019, por un letrero que la empresa colocó en el predio donde se construiría la torre. “Todavía era una casa”.

El contrato que los afectados firmaron en enero de 2019 señalaba que el proyecto ya estaba en construcción y que el plazo de entrega sería de 17 meses. Pese a que, como explica E. G., ni siquiera se había hecho la demolición de la que ocupaba el terreno.

De acuerdo con los plazos del contrato, el edificio debió ser terminado en mayo de 2020.

“Poco antes de cumplirse el plazo nos dijeron que no podrían cumplir y que tardarían un año más. Nosotros entendimos porque estábamos en plena pandemia”, explicó otro afectado que anticipó más de 30.000 dólares.

Para nadie es desconocido los conflictos por los que pasó el país durante noviembre de 2019 y la crisis sanitaria que paralizó al mundo durante 2020. Si bien entendían los argumentos para el retraso de la entrega, sí quedaban dudas de por qué había tan poco avance en la construcción.

La cuarentena rígida llegó al país en marzo de 2020, apenas dos meses antes del plazo de entrega. Pero hasta ese momento sólo se habían vaciado dos lozas, un avance muy bajo para los 20 pisos proyectados.

“La obra no avanzaba, pero nos pedían las cuotas de forma insistente y nosotros pagamos porque teníamos un contrato firmado”, dijo A. E., otra afectada.

“Primero nos explicó que no había financiamiento, luego que el problema era la pandemia y luego desapareció y la obra se paralizó. Se ha quedado ahí en dos lozas”, afirmó M. P.

De acuerdo con una fuente del Servicios Integrados de Justicia Plurinacional (Sijplu), dependiente del Ministerio de Justicia, a esta instancia llegaron varios de los afectados. Hay procesos de conciliación iniciados, pero no se logró contar con la presencia de la parte acusada.

En uno de los casos se llegó a tener cinco invitaciones para una reunión de conciliación. “Pero el señor A. C. no da la cara”.

Otro afectado señala que trató de hacer la denuncia por la vía civil y pedir la anotación del terreno. Pocas son las esperanzas, porque el primer acreedor es una entidad financiera y detrás hay una lista de personas que también piden la anotación del bien.

Un segundo edificio

“Yo no soy víctima del Algarrobo, sino del proyecto Aiiru”, señaló Q. P. Tiene avanzado un ir y venir de notas para la devolución de los más de 15.000 dólares que dio en adelanto en tres pagos.

No es la única afectada en este proyecto. Si bien A. C., en mayo de 2020, incumplió con la entrega del Algarrobo y la postergó por un año por la cuarentena por covid, de forma paralela promocionaba, sin excusas, otro proyecto: el edificio Aiiru, promocionado como ecológico. Debía estar ubicado en la Calle Belisario Salinas del barrio paceño de Sopocachi.

Los contratos por departamentos en el edificio Aiiru a los que Página Siete tuvo acceso fueron firmados en junio de 2020 y preveían la entrega en un plazo de 18 meses. Varios recibos firmados por A. C. como representante y gerente de Aiiru SRL (además de Cassur) dan cuenta de que recibió varios anticipos entre junio y agosto. Mientras que en el caso de la Torre Algarrobo hay una obra abandonada, en el caso Aiiru no existe ni el terreno. Aunque el contrato indicaba que la superficie tenía un documento de transferencia a la constructora y que la construcción estaba en marcha, ésta nunca empezó.

“Somos pocos los afectados, pero nosotros no tenemos ni una obra a medias”, afirmó uno de los compradores en preventa que pidió la devolución de su dinero.

Por los testimonios recogidos se sabe que la constructora desistió del proyecto. La decisión no fue comunicada a los compradores hasta un año después, cuando ya había problemas.

¿Qué pasó con la empresa?

“Hemos sido estafados, no hay otra forma de decirlo. No sólo por el arquitecto A. C., con el que firmamos los contratos, sino por su familia”, enfatizó A. E.

De acuerdo con documentación a la que Página Siete tuvo acceso, Cassur tenía dos socias C. C. y N. C. El representante legal era A. C. Todos hermanos. Al desaparecer A. C., fue C. C. quien se reunió con varios de los afectados para conciliar las devoluciones, en calidad de apoderada. Pero los compromisos se incumplieron.

A la fecha ni Cassur SRL ni Aiiru SRL cuentan con un registro en el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (Seprec). En el primer caso, la empresa fue depurada del registro de Fundempresa en marzo de 2021. En el segundo, el registro no figura en el Seprec.

Información pública del Seprec da cuenta de que una de las denunciadas tiene una empresa activa en el rubro agrícola.

“Uno busca con entusiasmo tener algo en la vida. Hemos sido pacientes con las cosas que nos decía para justificarse, pero ahora desapareció. Yo sólo pido que le vaya bien para que así pueda devolverme el dinero que le di”, manifestó T. J.

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